Por María Izquierdo 
El PSOE y el PP han tumbado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley de Sumar que, entre otros objetivos, planteaba buscar una alternativa al Euríbor y al IRPH como principales índices hipotecarios. Esta propuesta, llevada a la Comisión de Economía de la Cámara Baja, buscaba promover el estudio de alternativas a dichos índices de referencia, con el fin de reducir la exposición de los hogares a índices que presentan limitaciones estructurales, un volumen de transacciones inexistente en algunos tramos, mayor volatilidad de lo deseable para contratos a largo plazo y un riesgo de manipulaciones.
Apoyo de ERC y Bildu
Sin embargo, la iniciativa solo ha sido apoyada por Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. El PNV, por su parte, se ha abstenido, mientras que PSOE, PP y Vox han votado en contra, lo que ha conducido al rechazo de la propuesta.
Además de la petición de un nuevo índice, el grupo parlamentario solicitaba adoptar las medidas normativas necesarias para restringir la comercialización de hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual «exclusivamente a los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia financiera y una capacidad suficiente para absorber incrementos significativos de cuota».
Otras peticiones incluidas en la propuesta eran revisar el régimen de comercialización de las hipotecas mixtas, evaluar, en un plazo de un año, el impacto distributivo y social del modelo hipotecario español sobre la estabilidad financiera de los hogares, y legislaciones sobre el «importante desequilibrio» para determinar la abusividad de cláusulas no transparentes.
Por último, Sumar también abogaba por la realización de medidas legislativas oportunas sobre la revisión de sentencias firmes que no hayan seguido las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en lo relativo al IRPH, con el objetivo de dar pleno efecto a dicha jurisprudencia y corregir las situaciones en las que los tribunales nacionales hayan resuelto en sentido contrario a la doctrina europea obligatoria.