Por María Izquierdo 
MADRID, 15 de febrero – El Tribunal Supremo ha anulado el último cálculo que el Gobierno realizó para el rescate de una de las autopistas que quebraron durante la crisis financiera de 2008. El alto tribunal urge a una nueva evaluación para garantizar que las concesionarias reciban el pago correspondiente por la construcción de dichas infraestructuras.
Sentencia del Tribunal Supremo
Una sentencia de la Sala de lo Contencioso, datada el 28 de enero de 2026, anula la última resolución del Gobierno referida a las autopistas radiales R-3 y R-5 de Madrid. Esta determinaba un pago de 570 millones de euros a la concesionaria, y ha sido el segundo cálculo realizado por el Gobierno, que incrementaba en 451 millones de euros respecto al anterior, tras las decisiones previas del Supremo que invalidaban la fórmula inicial por considerar que no se ajustaba a Derecho.
Obligaciones gubernamentales
En esta ocasión, el enfoque de la justicia no se centra en el aspecto económico, sino en la obligación del Gobierno de presentar de inmediato una resolución final y saldar la deuda con la concesionaria, para evitar futuras demoras en la resolución del caso.
Plan de indemnizaciones de 2019
En 2019, el Gobierno estableció un plan diseñado para organizar las indemnizaciones a las concesionarias que quebraron, considerando que el Estado asumió sus autopistas y, por ende, debe compensar las inversiones realizadas. Este plan contempla una resolución inicial para cada concesión, seguida de una complementaria y una definitiva, cada una con un plazo máximo de seis meses entre ellas.
Avances limitados en el proceso
Sin embargo, hasta la fecha, de las nueve autopistas en quiebra —gestionadas por ocho concesionarias—, solo una ha llegado a la resolución final desde la aprobación de este proceso hace casi siete años. La reciente sentencia del Supremo busca acelerar un proceso que se ha visto retrasado.
Detalles sobre las autopistas R-3 y R-5
Las autopistas R-3 y R-5 pertenecen a una única concesión otorgada en 1999 a un consorcio formado por ACS, OHLA, Sacyr y FCC, con un periodo de explotación previsto de 50 años. Comenzaron operaciones en 2004, pero ya en 2012 se declararon en concurso de acreedores, ocurriendo que fondos como TDA, Bothar y Kommunalkredit asumieron la deuda, aspirando a cobrar las futuras indemnizaciones del Estado.
Coste del rescate de autopistas
Hasta ahora, el rescate de las nueve autopistas ha costado al Estado un total de 1.684 millones de euros, aunque se trata de un coste provisional, ya que la mayoría aún se encuentran en la fase de la segunda resolución. Los pagos realizados hasta la fecha son los siguientes:
- R-4: 134 millones de euros
- A-36: 319 millones de euros
- A-41: 41 millones de euros
- AP-7 Cartagena-Vera: 278 millones de euros
- AP-7 Alicante: 307 millones de euros
- M-12: 46 millones de euros
- R-2: 0 euros