Por María Izquierdo 
Durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, celebrada en el Congreso, Sánchez expuso una batería de propuestas en esta materia. «Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola», afirmó.
Ayudas hasta los 35 años
Fuentes del Ministerio de Vivienda han explicado que esta ayuda será parte del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Está destinada a jóvenes de hasta 35 años y a viviendas protegidas. La propuesta consiste en que los casi 30.000 euros se descuenten del futuro precio de compraventa, lo que significa que el importe abonado durante el alquiler servirá como pago anticipado para la futura compra. La ayuda se destinará al pago de la renta, permitiendo que las personas ahorren para adquirir la vivienda en propiedad.
Además, Sánchez explicó que, al tratarse de una vivienda protegida de carácter permanente, su precio estará tasado y no podrá establecerse libremente por el vendedor. Esto implica que, si en el futuro se quiere vender la vivienda, deberá hacerlo al precio tasado y a una persona que cumpla con los mismos requisitos que el anterior propietario.
Responsabilidad compartida de las administraciones
El presidente subrayó que existe una crisis de vivienda que requiere la intervención del sector público, y que la responsabilidad debe ser compartida entre el Estado, los ayuntamientos y las comunidades autónomas. A este respecto, destacó algunas acciones del Gobierno en los últimos años, como multiplicar por ocho los recursos destinados a vivienda, eliminar las ‘Golden Visa’ y la implementación de la primera ley estatal de vivienda para limitar las subidas de precios en áreas tensionadas.
Aunque resaltó que el año pasado se terminaron más de 100.000 viviendas de obra nueva y se iniciaron más de 135.000, la cifra más alta en los últimos catorce años, reconoció que «aún queda mucho por hacer» debido a que muchas personas siguen sin poder adquirir una vivienda o alquilar un piso a causa de los altos precios.
Con el objetivo de abordar esta problemática, el Gobierno planea exigir a las plataformas de alquiler vacacional que eliminen de sus sitios web aproximadamente 53.000 pisos turísticos que no cumplen con la legislación vigente, para que esas propiedades sean accesibles para las personas que las necesiten para residir.
Por otro lado, el jefe del Gobierno aseguró que la Ley de Vivienda se aplica actualmente al 17% de la población española y está contribuyendo a reducir los precios de los alquileres. «Nuestras políticas en la materia avanzan en la dirección correcta», concluyó.
Triplicará el presupuesto para CCAA
No obstante, Sánchez expresó críticas hacia algunos municipios del Partido Popular que enfrentan problemas de precios elevados y no instan a las comunidades autónomas a implementar la normativa para limitar los precios, defendiendo así el derecho de sus jóvenes y familias a acceder a una vivienda asequible.
En este contexto, hizo un llamado a las comunidades autónomas para que «den lo mejor de sí». También anunció que su Gobierno formalizará una propuesta que buscará alcanzar los 7.000 millones de euros en el Plan Nacional de Vivienda a lo largo de los próximos cinco años, triplicando la financiación que se destina para políticas de vivienda a aquellas comunidades autónomas que se comprometan a invertir la misma cantidad.
Finalmente, el presidente informó sobre la puesta en marcha de un seguro de impago de rentas para jóvenes, una medida anunciada en enero que se implementará «en este periodo de sesiones» que culmina a finales de año. Además, se ofrecerán ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de viviendas en zonas rurales.
El Ministerio de Vivienda detalló que esta asistencia será superior a 10.800 euros, pero no podrá exceder el 20% del costo de adquisición de la vivienda, que debe estar ubicada en municipios de 10.000 habitantes o menos.
En relación al seguro de impago, el Ejecutivo mencionó que se trata de una herramienta diseñada para ofrecer garantías tanto a propietarios como a inquilinos en contratos de alquiler. Las rentas que se cubrirán serán aquellas cuyo importe mensual no exceda el 50% de los ingresos netos de la unidad familiar estipulada en el contrato.