La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha confirmado este miércoles que su formación rechaza apoyar en el Congreso la Ley de Movilidad Sostenible, a menos que el Gobierno decida paralizar las ampliaciones en marcha del Puerto de Valencia y el aeropuerto de El Prat. Esta situación ha llevado al Ejecutivo a considerar otras alternativas para la aprobación del texto, cuya votación en el Pleno se prevé para la próxima semana.

El PSOE está negociando con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante la ley. Según Belarra, la normativa va a resultar en «papel mojado» al estar impulsada por políticas que ella considera «puro desarrollismo», que solo agravan la emergencia climática y benefician a empresas constructoras con contratos multimillonarios.
El Gobierno, dependiente de UPN y Compromís
La situación se complica para el Gobierno. Los votos de Podemos son cruciales para poder avanzar con esta ley, que ya fue rechazada por el PP y Vox en la Comisión de Transportes y cuyas formaciones suman 170 escaños en el Pleno. Una opción que se plantea es conseguir una abstención de Podemos o asegurar el voto del diputado de UPN, Alberto Catalán, quien generalmente se alinea con el PP.
Por otro lado, fuentes de UPN han mencionado que el Ejecutivo no ha contactado con ellos y que aún no han decidido su postura para la votación. Además, será necesario contar con el apoyo de la diputada de Compromís, Águeda Micó, quienes han manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a la ampliación del Puerto de Valencia.
El PSOE y el camino de las negociaciones
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha confirmado que las negociaciones para amarrar los votos continúan. «Queda un mundo entero por negociar en el marco de esta ley,» ha comentado López, quien destacó que se han incorporado más de 160 enmiendas durante su paso por la ponencia y la comisión.
«Estamos convencidos de que la ley que convierte la movilidad sostenible por primera vez en la historia en un derecho pueda salir adelante,» concluyó.

