Por María Izquierdo 
MADRID, 27 Nov. – El Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, ha rechazado este jueves admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que proponía una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España.
La propuesta fue respaldada por Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Podemos, BNG y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. Por su parte, PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria votaron en contra; mientras que el PNV se abstuvo, al igual que el PSOE.
Durante el debate de la iniciativa el martes, Sumar defendió su propuesta al señalar que la compraventa por parte de estos actores es más del doble que en el momento álgido de la burbuja del 2008. Sin embargo, el diputado que impulsó la iniciativa y la defendió en el hemiciclo fue el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, quien se ha mostrado crítico con la ministra Rodríguez por iniciativas como la habilitación del número de teléfono 047 para resolver dudas en materia de vivienda.
En el turno del PSOE, Gabriel Blanco indicó que su grupo parlamentario no se opondrá a debatir cualquier medida que busque contribuir a resolver el problema de la vivienda, pero aseguró que lo hará «desde el reconocimiento más profundo al trabajo que está desarrollando el Ministerio de Vivienda».
En esta línea, Blanco destacó que el Gobierno está haciendo un esfuerzo «inmenso» para poner fin a la crisis habitacional e invitó a Sumar a que «respete» ese trabajo y no lo desgaste, tal y como pretenden «precisamente quienes quieren derribar este Gobierno».
PNV y Junts mostraron sus dudas
Durante el turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, indicó que la propuesta no supone una limitación excepcional, sino una medida ilimitada, lo que a su juicio «dificulta» entender su encaje en el ordenamiento jurídico actual.
En cuanto a Junts, Marta Madrenas manifestó que la iniciativa de Sumar «no resuelve ningún problema», sino que implica una «restricción más» que podría bajar la oferta, poner en riesgo promociones de vivienda en curso y «distorsionar aún más el mercado».
PP y Vox censuraron la propuesta
El diputado del PP, Carlos Gil, criticó que la propuesta de Sumar «empeora y aún más» la Ley de Vivienda, tildándola de una de las «más nocivas» implementadas por el Gobierno. «Prohibir que las personas jurídicas puedan adquirir vivienda no es una solución, es un disparate diseñado para señalar culpables», afirmó el diputado popular.
Por último, el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, argumentó que la reforma propuesta por Alberto Ibáñez implicaría «el fin» del parque inmobiliario, ya que las cláusulas impuestas acabarían «de facto» con la inversión en este sector. «Viendo los resultados en dos años de la Ley de Vivienda, la única modificación que podría esperarse de esta ley sería su supresión», concluyó.