Por María Izquierdo 
El Ministerio de Trabajo ha convocado para este lunes, 20 de octubre, a las 9.30 horas a los agentes sociales para iniciar las negociaciones que llevarán a la reforma del despido en España. La reunión estará presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, mano derecha de Yolanda Díaz y cabeza visible de todas las mesas laborales de diálogo social que convoca el Ministerio.
La reforma del despido está recogida en el programa de gobierno de PSOE y Sumar y también responde a la interpretación que ha hecho de la normativa española el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Este organismo, con sede en Estrasburgo, condenó a España por «vulnerar» la Carta Social Europea en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente (33 días por año trabajado), considerándola insuficiente y no disuasoria para el empresario.
El CEDS emitió dos resoluciones, una en julio de 2024 y otra en junio de 2025, a raíz de las denuncias presentadas por UGT y CCOO contra España por incumplir el artículo 24 de la Carta Social Europea, referente a la protección de los trabajadores en caso de despido. Las denuncias sindicales indicaban que el derecho español no permite a los trabajadores reclamar una indemnización vinculada al daño real sufrido en caso de despido improcedente ni garantiza que esta sea «mínima, accesible y efectiva».
En sus resoluciones, el CEDS determinó que los límites máximos de indemnización fijados por la legislación española «no son suficientemente elevados para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empresario». Además, concluyó que España viola el artículo 24.b de la Carta Social Europea en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente y en lo referente a la readmisión del trabajador.
El fallo del Supremo
Los sindicatos, animados por las resoluciones del CEDS y conscientes de que esta reforma forma parte del programa de gobierno, instaron a Díaz a convocar la mesa de negociación lo antes posible. Su objetivo es que la indemnización por despido sin causa sea realmente disuasoria y repare el daño causado al trabajador, teniendo en cuenta sus circunstancias personales. La propia ministra anunció hace unos días que la negociación arrancaría este lunes.
Algunos tribunales de justicia, amparándose en el fallo del CEDS, han elevado la indemnización por despido improcedente en algunas sentencias. No obstante, el Tribunal Supremo dictó en julio una sentencia en la que establecía que no se puede incrementar por vía judicial esta indemnización sin que ello signifique una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni del artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, donde solo se indica que la indemnización debe ser adecuada.
De esta forma, el Tribunal Supremo respaldó lo decidido en un fallo anterior de diciembre, donde el pleno de su Sala Cuarta determinó por «unanimidad» que la indemnización por despido improcedente establecida en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores «no puede verse incrementada en vía judicial». El Supremo considera que el término «indemnización adecuada», mencionado en la Carta Social Europea, resulta «literalmente inconcreto».
Además, el Alto Tribunal destacó que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales «no son ejecutivas, ni directamente aplicables entre particulares». A diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el CEDS «no es un órgano jurisdiccional ni sus resoluciones son sentencias».
La reforma del despido ha suscitado recelos entre la patronal CEOE. Su dirigente, Antonio Garamendi, ha cargado en las últimas semanas contra la vicepresidenta segunda por su «monólogo social» y su inclinación a tomar decisiones «partidistas», que, a su juicio, responden a intereses políticos. Desde Trabajo, Joaquín Pérez Rey ha advertido a los empresarios que «estar en una mesa de diálogo social no es solo para calentar la silla». «Hay que estar para proponer, para hacer propuestas y para alcanzar acuerdos. El Ministerio de Trabajo no ha cambiado esta manera de proceder en los cinco años que llevamos al frente de esta gestión», concluyó.